Martes 4 de Agosto, 2020

Gobernadores respaldan la Ley de Seguridad Interior

Aunque coinciden en que hay ciertos factores de riesgo, aseguran que se debe aprobar para dotar a las Fuerzas Armadas de un marco legal

En el marco de las audiencias para escuchar diversas posturas sobre la Ley de Seguridad Interior, que analiza el Senado de la República, al menos 12 Gobernadores respaldaron su aprobación en lo general.

 

En reunión con las comisiones dictaminadoras, el  jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, dio su apoyo a la aprobación de la Ley de Seguridad Interior; no obstante, alertó sobre “excesos y advierto algunas disposiciones que rebasan lo que, incluso, han solicitado las Fuerzas Armadas”.

 

“Hay varios artículos en donde se rebasa lo que se puede entender por coordinación y se pasa a un esquema de subordinación del Estado mismo, de los estados, de las fuerzas estatales o municipales respecto de quien designe el Ejecutivo Federal como coordinador de las tareas de seguridad. Me parece que eso es colocar en un riesgo, incluso, a la soberanía de los propios estados”.

 

Por su parte, en su intervención, el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, dijo que la Ley de Seguridad Interior “debe ser muy precisa en establecer la temporalidad de la actuación de las Fuerzas Armadas”.

 

En tanto, el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, consideró inaplazable la aprobación de una ley que permita a las Fuerzas Armadas seguir colaborando en las entidades federativas.

 

“Bajo las circunstancias en las que estamos actualmente, la presencia de las Fuerzas Armadas en las entidades federativas se da en el marco de un vacío legal. Este vacío no tiende más que a generar incertidumbre: a los gobiernos estatales les da opción de evadir su responsabilidad de brindar seguridad con sus fuerzas civiles”.

 

El gobernador de Colima, Ignacio Peralta, consideró que ante el crecimiento de los índices delictivos en los últimos años, la ley regulará la intervención de las Fuerzas Armadas en territorios estatales, sus implicaciones, alcance y duración, “las cuales iniciarían a petición expresa de autoridades claramente definidas y con criterios precisos acerca de su conclusión”.

 

El gobernador panista de Durango, José Rosas Aispuro, fue enfático en señalar que este marco legal no pretende sustituir a las autoridades civiles y menos militarizar al país, sino mejorar la coordinación entre los tres órdenes de Gobierno, pues el narcotráfico y los grupos delictivos ponen en riesgo la seguridad interior.

 

 

Ley busca ponerle límites al presidente: Gil Zuarth

El ex presidente del Senado de la República, el panista Roberto Gil Zuarth, descartó que con la Ley de Seguridad Interior, que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados y se discute en el Senado, exista la  posibilidad de convertir al país en un régimen militar.

 

Señaló que lo que se busca es poner orden a una facultad que tiene el Presidente de la República de desplegar a las Fuerzas Armadas y que se ha utilizado de manera discrecional e incluso, dijo, de manera irracional.

 

La ley lo que busca es poner orden, establecer un procedimiento para que el ejercicio y la facultad del Presidente de disponer de las Fuerzas Armadas tenga ciertos límites, condiciones y, sobre todo, procedimientos claros”.

 

Dijo que con esta legislación, se pretende dar un orden al despliegue de las Fuerzas Armadas y que éste se lleve a cabo sobre la base de objetivos, diagnósticos y propósitos muy específicos, “no como hoy sucede que es prácticamente discrecional”.

 

 

Divide a expertos dictamen en el Senado

Organizaciones civiles y académicos contrapusieron posturas sobre la Ley de Seguridad Interior, que envió la Cámara de Diputados al Senado de la República.

 

El investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), Alejandro Madrazo, consideró que la ley que pretende aprobarse “es una confesión de parte”, y lo que se pretende es hacer “como que no son de seguridad pública las tareas que son de seguridad pública” y se pretende que el Ejército las lleve a cabo.

 

José Francisco de Villa Soto, de la organización Causa en Común, dijo que la ley extendería y fortalecería el arraigo de las Fuerzas Armadas como fuerzas políticas, lo que permitiría evadir la responsabilidad que se tiene con las policías locales.

 

En tanto, Juan Ibarrola, experto en materia de seguridad, consideró que diversos sectores de la sociedad, como el estudiantil, el de salud e industrial, no quieren que las Fuerzas Armadas se retiren de las calles.

 

Además, Isabel Miranda de Wallace de la organización Alto al Secuestro, pidió no realizar ningún cambio fundamental a la minuta, para que el Estado pueda actuar en contra de “las manifestaciones violentas”.

 

 

 

*edición impresa 24 Horas

 

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