Lunes 24 de Febrero, 2020

Roberto Borge llegaría extraditado a México a mediados de octubre: PGR

Legalmente hablando existe la posibilidad de que Borge no pise la cárcel cuando llegue a México

La Procuraduría General de la República (PGR) informó que a partir de la notificación que se le efectuó al ex gobernador Roberto Borge acusado por los delitos del fuero federal y fuero común cuenta con 15 días para apelar esta resolución.

 

Indicó que en caso de que el ex mandatario llegara a apelar, se estima que la Corte de Panamá aproximadamente tardará entre tres o cinco días en resolver, por lo que llegaría al país a mediados de octubre.

 

“La PGR considera que existen los elementos suficientes para justificar a la autoridad judicial que la persona debe de estar privada de la libertad durante el curso del proceso que se le está llevando a cabo”, señaló la dependencia en una tarjeta informativa.

 

Indicó que si el Juez dijera que no, “legalmente hablando existe la posibilidad de que Borge no pise la cárcel cuando llegue a México”.

 

Detalló que por el delito federal de operaciones con recursos de procedencia ilícita, la pena que establece el tipo penal el artículo 400 bis del Código penal Federal establece una pena mínima de cinco.

 

Así como una pena máxima de 15 la pena será fijada por la autoridad jurisdiccional y en el caso del fueron común corresponderá al gobierno de Quintana Roo.

 

La Procuraduría General de la República señaló que se está preparando para efecto de que cuando llegue a México pueda ser juzgado conforme a la legislación actual que tenemos.

 

Borge tiene cuatro causas penales: una del fuero federal por el delito de lavado de dinero y/o operaciones con recursos de procedencia ilícita; tres del fuero común: aprovechamiento ilícito del poder, desempeño irregular de la función pública y peculado.

 

En términos de la legislación actual en el nuevo Sistema Penal Acusatorio Adversarial estos delitos no son considerados en términos constitucionales como delitos que ameriten una pena privativa de la libertad o prisión preventiva oficiosa como se determina por la propia Constitución.

 

La dependencia señaló que que existen elementos suficientes para justificar a la autoridad judicial que la persona debe de estar privada de la libertad durante el curso del proceso que se le está llevando a cabo.

 

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