Martes 27 de Octubre, 2020

SCT vs. diputados y Profeco, por Ley de Aviación Civil

Si usted ha notado que las aerolíneas –nacionales y extranjeras- en vuelos internacionales ignoran olímpicamente las sanciones establecidas en las reformas a la Ley de Aviación Civil, aprobadas por los diputados en abril pasado, es porque la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes se los permite.   O los justifica.

Si usted ha notado que las aerolíneas –nacionales y extranjeras- en vuelos internacionales ignoran olímpicamente las sanciones establecidas en las reformas a la Ley de Aviación Civil, aprobadas por los diputados en abril pasado, es porque la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes se los permite.

 

O los justifica.

 

La semana pasada, el director general de Aeronáutica Civil, de la SCT, Miguel Peláez Lira, envió un oficio al presidente de la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados, Alfredo Rodríguez, y al procurador de la Defensa del Consumidor, Rogelio Cerda, en el que advertía que la nueva legislación no aplica para vuelos internacionales.

 

Éstos, según Peláez, se rigen por el Tratado de Montreal, firmado en 1976 por México, que está por encima de la legislación mexicana.

 

El funcionario aseguró que temas como maletas adicionales, pasajes de infantes, recompensas por demoras no pueden ser juzgados con la ley modificada por los diputados.

 

Evidentemente los diputados, que aprobaron por unanimidad de 422 votos las reformas a la Ley de Aviación Civil, se sintieron agredidos.

 

El propio Rodríguez lamenta que, cuando se preparaban las modificaciones a la ley, los diputados tuvieron siempre la deferencia de reunirse con los funcionarios de la SCT.

 

Pero este oficio o circular emitido por la DGAC “se hizo en lo oscurito, sin consultarnos y sin dar tiempo a una opinión’’.

 

Los legisladores realizan un estudio jurídico para determinar si efectivamente un tratado internacional está por encima de nuestras leyes para fijar una posición.

 

Igualmente, la Profeco realiza su propio estudio para determinar lo conducente.

 

Así que si va a volar al extranjero este puente, ya sabe a qué atenerse y a quién responsabilizar si el vuelo no es lo que usted esperaba o lo que le habían prometido.

 

 

 

Por cierto, la Profeco se colgó ayer dos medallas.

 

La primera, al evitar que los aficionados de los Tigres de la Universidad de Nuevo León fueran discriminados al tratar de impedirles el acceso al estadio del Monterrey.

 

La directiva de los Rayados se adelantó a la sanción que preparaba la Profeco y emitió un comunicado en el que determinaba que sí se permitiría el acceso a los aficionados universitarios, con todo y sus playeras amarillas.

 

La otra fue la aprobación en San Lázaro de una modificación a la Ley Federal del Consumidor, que le da más dientes a la Procuraduría para actuar y sancionar en beneficio de los compradores.

 

La iniciativa fue empujada por el diputado de Nuevo León, Álvaro Ibarra.

 

 

 

Tal parece que a los senadores nomás no se les da eso de nombrar a fiscales, del tipo que sean.

 

Ayer nuevamente pospusieron la aprobación de la convocatoria para la elección del fiscal electoral, debido a que el PRI, con el apoyo de un grupo de 12 senadores del PAN, los llamados “rebeldes’’, pretenden eliminar un candado que impide que quienes hayan sido candidatos a puestos de elección popular o dirigentes de partido durante los seis años previos a la designación.

 

El jueves pasado, los senadores presuntamente del PAN, Salvador Vega y Luis Lavalle, trataron de incluir esa reserva en el debate; el PAN, PRD y Morena se opusieron.

 

La sesión se levantó y se esperaba que ayer se votara, considerando que el PRI tuvo tiempo suficiente para amarrar los 65 votos que necesita para eliminar el candado.

 

Pero ni siquiera se abrió el debate porque, según informó Ernesto Cordero, la Junta de Coordinación Política, que preside la priista Ana Lilia Herrera, se tomará más tiempo para “afinar el documento’’.

 

Lo que ello signifique.

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