Martes 7 de Abril, 2020

Vamos contra impunidad en agresión a periodistas: Roberto Campa (+infografía)

El subsecretario de Derechos Humanos de la Segob asegura que ya se está poniendo en práctica el protocolo que busca fortalecer la protección a comunicadores y defensores de derechos humanos

A raíz de la complicada situación que vivió el país, entre marzo y mayo pasados, por el número de periodistas agredidos y privados de la vida, el presidente Enrique Peña Nieto respondió con dos estrategias: impulsar un protocolo homologado de investigación para abatir la impunidad contra los comunicadores y fortalecer el sistema de protección a periodistas y defensores de derechos humanos.

 

Así lo dijo a 24 HORAS el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, quien recordó que la estrategia se presentó en Los Pinos a todos los miembros de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y el presidente Peña se comprometió a que todos los casos de agresión a periodistas deberán ser aclarados.

 

Hasta el 30 junio, se encontraban en trámite 141 carpetas de investigación y 97 averiguaciones previas en la materia.

 

Juan Ángel Espinosa

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¿Cómo van los procesos con las carpetas de investigación?

Te puedo decir, por la comunicación que tengo con Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) de la Procuraduría General de la República (PGR), que hay avances en todos los casos. Por ejemplo, el de Max Rodríguez Palacios, en Baja California Sur, ya se dio con los responsables y fueron presentados ante la autoridad judicial; está resuelto. En Sinaloa, sobre la ejecución de Javier Valdez, hay un trabajo muy cercano entre la Fiscalía estatal y la PGR, y confiamos en que habrá resultados pronto. En Chihuahua se ha avanzado en el caso de Miroslava Breach, y pronto habrá información sustancial. Existe un avance muy significativo en el caso de Salvador Adame, en Michoacán, hay personas que fueron detenidas, por otros asuntos, y aportaron información para dar con los restos del periodista; la investigación avanza y abre pistas para encontrar a los responsables.

 

¿Qué se ha fortalecido a nivel institucional?

El presidente Peña Nieto y la PGR se comprometieron a fortalecer el sistema de investigación y de procuración de justica. Hace unas semanas se concluyó la primera etapa del trabajo para un protocolo de homologación de investigación con todas las fiscalías estatales del país. Nosotros, en el caso del fortalecimiento del sistema de protección, lo que hicimos fue comenzar el trabajo con los secretarios de Gobierno de los estados. Los convocamos a una reunión en dos grupos de secretarios; una, con los 18 estados que tienen un problema mayor. La segunda, con las 14 entidades donde no ha habido agresiones a periodistas.

 

¿Qué acciones arrojó la estrategia?

Se convinieron una serie de tareas para aterrizar el compromiso del presidente Peña. Hace más de 15 días, en San Luis Potosí estuvieron representantes de todas las entidades federativas y se capacitó a las personas que integran las unidades de protección en los estados. Lo que se hizo fue trabajar, primero, con los grupos que se van a encargar del monitoreo en las entidades. Hoy los mecanismos de protección, principalmente el nuestro, no pueden esperar a que los periodistas vengan a pedir apoyo porque están en riego, se requiere de una acción mucho más proactiva. Identificar, por distintas variables, quiénes son los comunicadores que pueden estar en riesgo debido a lo que escriben.

 

¿Hablamos de una nueva burocracia?

No son equipos nuevos, no es burocracia nueva, son personas que están desempeñando una función; algunas están en los C4, sobre todo los que tienen que ver con cuestiones de monitoreo, o están vinculadas con las áreas de las secretarías de Gobierno. Son personas que tienen responsabilidad y que adicionalmente asumen otras tareas con las unidades de los estados.

 

¿No se partió de cero?

El Mecanismo comenzó a funcionar en 2012; nosotros arrancamos con el mecanismo en ciernes, con el presidente Peña Nieto, pero por ejemplo, el proveedor de los servicios del Mecanismo empezó a trabajar desde la administración pasada (de Felipe Calderón) y nosotros hemos mantenido el servicio, pues éste es correcto, oportuno. Conviene decir también que, además de los periodistas que perdieron la vida entre marzo y mayo, dos escoltas del Mecanismo también perdieron la vida. Un escolta defendiendo a un periodista de Baja California Sur y otro defendiendo a Ana Barraza, una defensora de derechos humanos en Sinaloa; en ambos casos los escoltas del Mecanismo los protegieron y eso les costó la vida.

 

¿Afectaría a este Mecanismo una alternancia en el Gobierno?

Nosotros no buscamos a alguien nuevo para que hiciera la tarea, se trata de una institución que nació de una ley en 2012 (Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas) y empezó a funcionar desde entonces. El Mecanismo tiene una característica especial que me parece va a fortalecer su continuidad: la Junta de Gobierno del Mecanismo es paritaria, tiene nueve representantes de instituciones o personas con voz y voto. Cuatro son oficinas gubernamentales (SRE, PGR, PF y Segob) y cuatro son representantes de defensores y periodistas; el noveno voto es de la CNDH y en un proceso en el que el Gobierno no interviene. En el peor de los casos, con el nuevo gobierno cambiarán cuatro votos y se conservarán cinco votos de la Junta de Gobierno. Esto va a ser un elemento importante para que el Mecanismo continúe.

 

¿Se han consultado a expertos internos y externos?

Lo primero que hicimos fue con expertos colombianos. Colombia ha avanzado mucho en este tipo de mecanismos de monitoreo y con ellos capacitamos al personal para llevar a cabo esta tarea. También lo hicimos con fuentes abiertas, para tratar de identificar oportunamente a los periodistas que están en riesgo y acercarnos para dotarlos de las medidas de protección con las que cuenta el Mecanismo.

 

La definición final, a partir de la consideración de los expertos, no es crear pequeños mecanismos en las entidades, sino fortalecer un mecanismo nacional y por ello la decisión fue crear unidades en cada uno de los estados. Están funcionando en todo el país.

 

Y un dato importante, el 19 de julio pasado se actuó con oportunidad ante la agresión que tuvo un periodista en Tabasco (Luis Rubén López Domínguez, del diario Tabasco Hoy); ese reportero tiene hoy medidas de protección otorgadas por el Gobierno del estado. Estamos en comunicación con el periodista y con las autoridades locales. Fue agredido en su vehículo y en su casa, aunque no directamente. Le ofrecimos extraerlo a la Ciudad de México, pero rechazó la oferta.

 

¿Se tiene la infraestructura necesaria para traer a la CDMX a periodistas en riesgo?

La medida extrema para proteger a un periodista, y a sus familiares es la extracción, cuando no hay condiciones para garantizar su seguridad en el lugar en el que está trabajando. Hay lugares en el país en donde las condiciones son muy difíciles y en esos casos la consideración es sacarlo temporalmente del lugar, a eso le llamo extracción. Hay un segundo nivel de medidas, que es apoyo con escoltas del Mecanismo. Prácticamente, el Mecanismo hoy no tiene apoyo para el servicio de escoltas de otras corporaciones de la Policía, sino que son del propio Mecanismo y hay un conjunto de periodistas que tienen esta protección.

 

También hay niveles inferiores de riesgo y, en algunos casos, lo que tenemos es infraestructura física; por ejemplo, sistemas de videovigilancia y botones de alarma en casas y oficinas que están vinculados con rondines de las policías, así como rejas perimetrales y, en algunos casos, chapas de alta seguridad.

 

En todos los casos, salvo que el periodista considere que no conviene avisarle al Gobierno del estado, también lo primero que nosotros hacemos es advertirle a las autoridades locales que un periodista o defensor está protegido por el Mecanismo y le pedimos que tenga cuidado con esa persona. Por eso es muy importante lo que hicimos con los secretarios de Gobierno estatales y, particularmente, con los equipos de los estados para garantizar que los esquemas de coordinación realmente funcionen.

 

¿En la extracción qué apoyos reciben?

En el caso de las extracciones, nosotros les garantizamos un lugar para vivir; tenemos casas rentadas en la Ciudad de México o en algunos otros lugares fuera de donde ellos viven y trabajan. No otorgamos dinero, sino que garantizamos su sustento a través de vivienda, transporte y alimentos.

 

¿Las agresiones vienen más del crimen organizado?

Si lo vemos de manera cuantitativa, la mayor parte de las agresiones están vinculadas con agentes del Gobierno, así lo acredita la estadística, pero también la estadística del Mecanismo. Más de 50% de las agresiones son de agentes del Estado. Son agresores, porque se trata de policías que en marchas atacan a periodistas y no los dejan hacer su tarea; pero si lo vemos de manera cualitativa, y nos referimos a las agresiones que, particularmente, le han costado la vida a periodistas, ahí en todos los casos el responsable es el crimen organizado. En algunos actuando en contubernio con autoridades, pero la presencia del crimen organizado, cuando se trata de las agresiones más graves, es una constante.

 

¿Se ha analizado el caso del espionaje a periodistas?

En la Junta de Gobierno del Mecanismo nos han pedido elevar también la voz para exigirle a las autoridades, por un lado, que concluyan eficazmente con las investigaciones para dar con los responsables y, por otro, también revisar el marco legal y de política pública para evitar que haya intromisión de quien sea en las comunicaciones. Esa petición la hemos formulado desde el Mecanismo, sabemos que hay una investigación que está realizando la FEADLE; algunos periodistas y defensores han encontrado este posible virus en su teléfono y decidieron acercarse a esta Fiscalía para iniciar la investigación. Entiendo que han comenzado a llevar sus teléfonos a este organismo para que se investiguen llamadas que recibieron en sus aparatos móviles.

 

¿Se tienen detectados a periodistas vinculados al narco?

Nosotros tenemos información de Gobiernos estatales, y no voy a dar ningún dato, de periodistas que pudieran tener alguna relación con la comisión de algunos delitos. Lo que nosotros hemos planteado con los procuradores estatales es que una situación sólo puede presentarse cuando se tengan los elementos de prueba y cuando se tienen a los responsables. Porque también es una manera muy sencilla de las Procuradurías de liberarse de una presión, cuando hay una exigencia a partir de la agresión de un periodista, criminalizando a la víctima. Los casos se deben judicializar con pruebas contundentes.

 

¿Qué sigue?

Lo que sigue es poner en práctica el protocolo que se trabajó en San Luis Potosí, lo cual estamos haciendo en este momento, y garantizar que los equipos estén funcionando en todos los casos. Estaremos evaluando cuál fue el resultado de ésta medida y con ello determinar si se requiere fortalecer la estrategia en los próximos meses.

 

caem

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